VENUSTIANO CARRANZA, PUE. - La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) reconoció como 15 víctimas del Estado que son integrantes de la familia Valencia, tras los cateos en su domicilio, durante el año 2018, según dio a conocer Marconi Antonio Valencia Ávila, hermano de tres ex presidentes de Venustiano Carranza.
Fue mediante sus redes sociales en donde, informó que la resolución deja asentado un precedente por “dejar en claro que fuimos, mi familia y yo, objeto de cateos arbitrarios en el año 2018, múltiples difamaciones y amenazas de diversas autoridades y medios de comunicación”.
Asignó que los hechos están relacionados con un “hostigamiento político, solapado por el poder y bajo intereses de ciertas personas”, aunque no aclaró de cuales personas.
Citó que, tras cinco años de los acontecimientos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla recomendó reconocer de manera formal como víctimas del Estado con el documento, número 17/2023, a él y demás integrantes de la familia “por graves afectaciones, todo conforme a las normas internacionales que documentan el delito de tortura y sus consecuencias, en el protocolo de Estambul”.
Abundó que, derivado de la resolución existen investigaciones abiertas, ordenadas por jueces federales, en contra de ciudadanos y funcionarios públicos que participaron en la ejecución de estos hechos “ajenos a la justicia”.
Entre las recomendaciones está, brindar una reparación del daño de manera integral; se brinde atención médica, así como la rehabilitación necesaria en caso de necesitarlo, como de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos acreditados en la presente recomendación, hasta su total recuperación; otorgar una compensación económica justa por los gastos medicos erogados derivados de las lesiones acreditadas a consecuencia del cateo legal y arbitrario y el uso excesivo de la fuerza que Agentes Estatales de Investigación ejercieron en su agravio, lo que deberá justificar ante el organismo.
Se recomienda brindar atención psicológica; se instruya a la persona titular del OIC- FGEP, a fin de que inicie la investigación o en su caso continue con la integración del expediente administrativo respectivo para que en el ámbito de su competencia agote la investigación correspondiente y en el momento procesal oportuno dicte la determinación, lo que deberá comunicar a este organismo.
Emita una Circular a traves de la cual reitere la instrucción a las personas
servidoras públicas de la FGEP; para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, principalmente los derechos humanos a la legalidad y a la integridad y seguridad personal, específicamente en temas del empleo de la fuerza pública, debiendo remitir a este organismo las constancias que lo justifiquen.
Se pidió que se brinde capacitación relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, principalmente los relacionados con la legalidad y la seguridad e integridad personal especificamente en el empleo de la fuerza pública, debiendo remitir a este organismo las constancias que lo justifiquen.
En el documento se incluye que se instruya a la Agente del Ministerio Publico encargada de la integración de la misma CDI 2, para que, con base en sus atribuciones y facultades, determine dicha indagatoria a la brevedad y conforme a derecho corresponda.
El organismo determinó que se designe a la persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta CDHP, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente.
A la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas de Puebla, se le pide que inscriba a las víctimas y dé seguimiento al procedimiento.
Respecto al secretario de Seguridad Pública en el Estado, se de vista al “personal titular de la DGAI, para que para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores públicos adscritos a la SSP, que participaron en los hechos.
Una familia de poder
La familia Valencia estuvo en el poder municipal de Venustiano Carranza desde el año, 2008 hasta el año 2021, por la vía de tres hermanos, Vicente Valencia Ávila, Jorge Alejandro y Rafael, de los mismos apellidos, alternándose en la presidencia.
Sus gestiones resultaron polémicas debido a que durante ese lapso hubo un notable aumento de robo de combustible, aumentó la inseguridad y la demarcación entre otros puntos, se convirtió en un área de hallazgos constantes de cuerpos sin vida de mujeres y hombres.
A la llegada del gobernador finado, Luis Miguel Barbosa Huerta, inició un periodo difícil con la familia, en ese entonces, en el poder, por lo que se desataron denuncias contra algunos integrantes de la familia y algunas personas cercanas, hubo ordenes de aprehensión, cateos domiciliarios y, derivado de la situación un contraataque legal de la misma familia.
En la actualidad, Marco Antonio Valencia Ávila es una de las figuras políticas del mismo grupo político que aspira a la presidencia municipal de Venustiano Carranza. Por el momento la única posición de poder que ejercen, la ocupa Patricia Valencia Ávila, también hermana, como diputada local, plurinominal del Partido Acción Nacional.
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